La reciente sentencia del Tribunal Supremo vuelve a situar en el centro del debate la indemnización por abuso de temporalidad en el empleo público. Tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Obadal, la Sala de lo Social mantiene que la temporalidad abusiva debe tener consecuencias reales, pero rechaza que la fijeza pueda reconocerse automáticamente en todos los casos.
Esta nueva resolución afecta directamente al personal laboral temporal de las Administraciones públicas. Sin embargo, también resulta especialmente relevante para los funcionarios interinos y el personal estatutario temporal, porque refleja el rumbo que están tomando los tribunales españoles ante el abuso de la contratación temporal.
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resolvió el 30 de junio de 2026 el procedimiento que había dado lugar a la cuestión prejudicial del asunto Obadal. El caso correspondía a una cuidadora infantil de la Comunidad de Madrid que había trabajado durante aproximadamente ocho años como personal laboral temporal.
La trabajadora solicitaba que su relación laboral fuera declarada fija como consecuencia del abuso de temporalidad. No obstante, el Tribunal Supremo lo rechazó porque no había superado un proceso selectivo para acceder a una plaza fija que garantizase los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El tribunal considera que el acceso a una plaza fija en la Administración no puede producirse únicamente como sanción frente al abuso, ya que también deben respetarse los principios constitucionales que regulan el acceso al empleo público. Este criterio ya había sido establecido en la sentencia del Pleno de 11 de mayo de 2026.
Aunque el Supremo rechaza la fijeza automática, reconoce que la persona afectada puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados del mantenimiento abusivo de la relación temporal.
No se trataría únicamente de la compensación que puede corresponder cuando finaliza el contrato. La resolución abre la posibilidad de solicitar una indemnización autónoma que repare los daños provocados por años de precariedad e incertidumbre laboral.
Entre los perjuicios que podrían tenerse en cuenta se encuentran:
Sin embargo, la indemnización no se concede necesariamente de manera automática. La persona afectada deberá solicitarla y aportar elementos que permitan demostrar los daños sufridos y su relación con el abuso cometido por la Administración.
Durante años, la declaración de indefinido no fijo ha sido una de las respuestas habituales de los tribunales ante la contratación irregular del personal laboral de las Administraciones públicas.
Esta figura permitía que el trabajador continuase ocupando su puesto hasta que la plaza se cubriera mediante el correspondiente procedimiento selectivo o fuera amortizada. No obstante, no garantizaba una estabilidad definitiva, por lo que la persona podía continuar durante años en una situación temporal.
La jurisprudencia europea ha cuestionado que esta figura sea una sanción suficientemente efectiva frente al abuso. El nuevo criterio del Tribunal Supremo confirma que la declaración de indefinido no fijo no puede considerarse por sí sola una respuesta adecuada en todos los supuestos.
Esto no significa que la figura desaparezca completamente del ordenamiento jurídico, pero sí pierde fuerza como solución general frente al abuso de contratación temporal.
El Tribunal Supremo mantiene una vía excepcional para reconocer la condición de fijo. Puede plantearse cuando la persona afectada haya superado previamente un proceso selectivo destinado al acceso a una plaza fija y desarrollado conforme a los principios de:
Por tanto, haber aprobado un proceso selectivo, aunque no se obtuviera plaza, puede ser un elemento decisivo. En esos casos, el reconocimiento de la fijeza no supondría acceder al empleo público sin haber demostrado previamente la capacidad necesaria.
Para determinar si esta posibilidad resulta aplicable será necesario revisar las bases de la convocatoria, el tipo de proceso superado y la naturaleza de la plaza ocupada.
Es importante aclarar que la sentencia procede de la Sala de lo Social, que resuelve los conflictos correspondientes al personal laboral. Los funcionarios interinos y el personal estatutario temporal suelen reclamar ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por ello, las consecuencias de esta sentencia no pueden trasladarse automáticamente a todos los interinos. Un funcionario interino no adquiere directamente un derecho a indemnización por el simple hecho de que el Supremo haya reconocido esta vía para una trabajadora laboral temporal.
Aun así, la resolución es relevante porque consolida varias ideas que afectan al conjunto del empleo público temporal:
Como explicamos en nuestro artículo sobre cuándo puede reclamarse el abuso de temporalidad en empleados públicos, la duración de la relación no es el único elemento que debe analizarse. También importan la causa de los nombramientos, las funciones desarrolladas, la naturaleza estructural de la plaza y los procesos selectivos realizados.
Ante este nuevo escenario, conviene reunir y revisar toda la documentación relacionada con la relación de servicio:
Esta información permitirá determinar si existe abuso de temporalidad, qué jurisdicción debe conocer del asunto y qué pretensión puede resultar más adecuada: estabilidad, indemnización, impugnación del cese u otra medida de protección.
La última sentencia del Tribunal Supremo no establece el reconocimiento automático de la condición de fijo, pero tampoco permite que el abuso quede sin respuesta. El tribunal refuerza la vía de la indemnización y limita la utilización del indefinido no fijo como solución automática.
Para los interinos, la principal conclusión es que no deben hacerse interpretaciones generales. La condición de funcionario interino, estatutario temporal o personal laboral determina tanto la jurisdicción competente como las posibilidades de reclamación.
En Empleados Públicos por sus Derechos analizamos cada situación de forma individual, teniendo en cuenta los nombramientos, la antigüedad, la plaza ocupada, los procesos selectivos realizados y los daños sufridos. Si llevas años trabajando como interino o personal temporal para una Administración pública, contacta con nuestro despacho para estudiar tu caso y conocer las vías de reclamación disponibles.
